¿Se ha preguntado alguna vez cómo se hacen realmente las leyes en España? ¿Qué sucede desde que un técnico de un ministerio comienza a elaborar el borrador de una ley hasta que el Rey termina estampando su firma y el texto es publicado en el BOE? ¿Qué intereses profundos y cruzados entran en juego en medio de todo ese proceso? La realidad es que todas y cada una de las leyes que se aprueban en el Consejo de Ministros, y después en el Congreso de los Diputados, son objeto de una intensa presión por parte de los diferentes lobbies, que utilizan sus estrechos contactos con los distintos poderes públicos para obtener una legislación favorable a sus intereses, o para frenar leyes que les son contrarias. Este libro arroja un poco de luz sobre la poderosa y creciente industria del lobby, y tiene como objetivo no sólo dignificar la imagen del lobista, que no hace más que defender los intereses de los representantes de la sociedad civil (empresas, asociaciones, sindicatos?) ante el poder establecido, sino también proponer una regulación que impida que esta actividad se realice a oscuras, a espaldas del conocimiento del público y mediante prácticas más cercanas al tráfico de influencias que al clásico y legítimo cabildeo.
¿Se ha preguntado alguna vez cómo se hacen realmente las leyes en España? ¿Qué sucede desde que un técnico de un ministerio comienza a elaborar el borrador de una ley hasta que el Rey termina estampando su firma y el texto es publicado en el BOE? ¿Qué intereses profundos y cruzados entran en juego en medio de todo ese proceso? La realidad es que todas y cada una de las leyes que se aprueban en el Consejo de Ministros, y después en el Congreso de los Diputados, son objeto de una intensa presión por parte de los diferentes lobbies, que utilizan sus estrechos contactos con los distintos poderes públicos para obtener una legislación favorable a sus intereses, o para frenar leyes que les son contrarias. Este libro arroja un poco de luz sobre la poderosa y creciente industria del lobby, y tiene como objetivo no sólo dignificar la imagen del lobista, que no hace más que defender los intereses de los representantes de la sociedad civil (empresas, asociaciones, sindicatos?) ante el poder establecido, sino también proponer una regulación que impida que esta actividad se realice a oscuras, a espaldas del conocimiento del público y mediante prácticas más cercanas al tráfico de influencias que al clásico y legítimo cabildeo.
